10 enero 2012

el observatorio nacional (francés) de culturas taurinas sobre la prohibición gallega a ir a los toros a menores de 12 años

El PP donde dijo Diego, ahora dice Rajoy. Los esperados recortes y la subida de impuestos tantas veces son el ejemplo que nos toca a todos. Luego, hay detalles sin importancia: como que en Castilla La Mancha un día la fiesta de los toros se declare Bien de Interés Cultural o que a los pocos días el PP gallego, con la misma mayoría, opte por seguir la corriente del Bloque Nacionalista Galego y decida prohibir la entrada de los menores de 12 años a las plazas de toros. Dos datos que, por cierto, fueron el inicio de la columna de ayer domingo del amigo Salva Ferrer en las páginas de El Mundo Comunitat Valenciana.

Hay acuerdo entre el PP y socialistas gallegos para seguirle la corriente al Bloque. Una forma de taparle la boca con el gesto populista. Y los toros, como viene siendo habitual últimamente, a pagar el pato. La postura del BNG contra las corridas de toros en boca de un tal Bieto Lobeira es así de infantil:

"Non nos cabe na cabeza que a xente disfrute contemplando un espectáculo público no que se maltrata un animal: só se pode entender se hai unha motivación política de españolizar a comunidade: Só se pode entender se hai unha motivación política de españolizar a comunidade"

Ante esta iniciativa para desarrollar una futura ley que todavía se puede corregir, el Observatorio Nacional francés de las Culturas Taurinas --y como todos sabemos Francia está 'altamente espñolizada'-- ha expuesto todas sus razones para impedir semejante imposición y manipulación de la realidad. Esperemos que Feijoo tenga capacidad de informarse y corregir semejante disparate.


Vía :: ABC |
El Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas lamenta la decisión de Galicia de prohibir la entrada en las plazas de toros a los menores de 12 años. Según el Observatorio francés, esta medida es «ilegal». Así lo expresa en este comunicado:
«La decisión de la Junta de Galicia de prohibir la entrada en las plazas de toros a los menores de 12 años es ilegal desde el punto de vista de los derechos culturales del menor expuestos en los tratados europeos firmados por España.
Asimismo, es políticamente incorrecta desde el punto de vista de la responsabilidad paterna que se pretende negar, y carece además de cualquier base científica que demuestre el peligro que puede sufrir un adolescente asistiendo a un espectáculo taurino.
Frente a un ataque similar acaecido en Francia en el año 2008, el Observatorio Nacional de las Culturas Taurinas le pidió al gobierno realizar un estudio estadístico acerca de los diez últimos años, para comprobar cuántos adolescentes habían tenido que ser atendidos psicológicamente por traumas después de haber presenciado un festejo taurino. Y para que este estudio fuera fidedigno, le pedimos también comparar las cifras del primero con las que ponen en evidencia los daños causados a los adolescentes durante el mismo periodo por la violencia en la televisión, en los videojuegos o en el colegio.
Las propias asociaciones antitaurinas que habían pedido prohibir la entrada en las plazas a los menores rechazaron este estudio científico, sabiendo perfectamente que demostraría la ausencia total de peligro para los adolecentes. Y por supuesto, la medida fue rechazada por el gobierno francés.
Parece increíble en un Estado de Derecho que la Junta de Galicia, sin consulta ni estudio previo, pueda atreverse tomar medidas tan a la ligera que, indudablemente, serían anuladas tanto a nivel nacional por inconstitucionales como delante de la Corte de Justicia Europea.
Cabe esperar que antes de proceder al voto de dicha ley -cuya legalidad será inmediatamente atacada-, la Junta de Galicia proceda al mismo estudio que se le pidió en su momento al gobierno francés.
Y no dudamos de que, en vista de los resultados conseguidos, tanto a nivel de su comunidad como a nivel nacional, renunciará a adoptar una medida que sólo puede explicar el afán de destruir rasgos identitarios nacionales en las futuras generaciones, pero en ningún caso, cómo se pretende, la defensa de los menores que, en este caso, no corren ningún riesgo».

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