La Unión Nacional
de Picadores y Banderilleros Españoles, en relación con la situación
actual que vive el sector taurino y con los últimos hechos acaecidos,
quiere comunicar una serie de manifestaciones ante la opinión pública en
general, y en particular ante los compañeros, el resto de profesionales
taurinos y la afición, solicitando de antemano disculpas por el retraso
en este comunicado, si bien aclarando que esto obedece al consejo
recibido por los servicios jurídicos, que han solicitado este tiempo
para acometer adecuadamente las medidas judiciales que se han
considerado oportunas.
En
un gesto de responsabilidad, el Secretario General de la UNPBE,
Fernando Galindo ha puesto su cargo a disposición de la Junta Directiva
por los hechos que son de sobra conocidos por todos. Habiendo decidido
la Junta por unanimidad respaldar a Fernando Galindo, confirmando su
cargo, valorando positivamente la gestión que encabeza, reconociendo los
errores que pueden haberse cometido y exponer los siguientes puntos:
Primero.-
Desde la denuncia por parte de la asociación de empresarios del vigente
Convenio Colectivo y la negociación de uno nuevo que le sustituya, el
sector taurino está padeciendo un periodo de inestabilidad e inseguridad
jurídica alarmante. A eso se suma que en los últimos tiempos las
condiciones laborales de matadores, rejoneadores, novilleros, picadores,
banderilleros y mozos de espada son, en la mayoría de los casos,
deplorables, infringiéndose constantemente todos los derechos de los
trabajadores, no sólo la vulneración de los salarios fijados por ley que
quizás sea lo más llamativo.
Segundo.-
Ante esta situación, las asociaciones profesionales han solicitado y
están haciendo todo lo posible por conseguir un nuevo Convenio Colectivo
que mejore el actual y sobre todo se dote de medidas que asegure su
cumplimiento. El objetivo del Convenio propuesto es claro: que
en aquellos festejos que se organicen, los profesionales sean
contratados por su capacidad artística y no por lo dispuestos que estén
ajustarse por debajo de los salarios legales.
Se
ha ofrecido al sector importantes rebajas salariales con la única
solicitud de que se cumplan las tablas salariales que finalmente se
establezcan; se ha propuesto acudir conjuntamente a los distintos
organismos de la administración para hacer fuerza común e intentar
mejorar las condiciones de organización de un festejo: ─Administración
Tributaria por el tema del IVA, de la tributación fiscal en sí, etc.─;
se ha propuesto acudir a la Tesorería General de la Seguridad Social
para mejorar el sistema de cotización que resulta perjudicial para las
empresas que cumplen con sus obligaciones en detrimento de las empresas
“piratas”, así como tantas otras cuestiones que el sector debe abordar,
tales como los costes y tasas administrativas y otros gastos fijos.
Tercero.-
Sin embargo, y a pesar de lo anterior y la disposición del Colectivo de
picadores y banderilleros, hasta el momento no se ha obtenido una
respuesta positiva de la patronal y la postura que se intuye es de
ruptura respecto a las relaciones para con las cuadrillas,
pretendiéndose modificar el marco normativo actual, que entendemos
provocaría por parte de los incumplidores del Convenio mayores abusos de
los actuales.
Cuarto.- Llegamos
a la conclusión de que como quiera que el Colectivo de picadores y
banderilleros ha mantenido una postura de unión y se ha mostrado
cohesionado frente a los abusos y los fraudes contra los derechos de los
toreros y de los aficionados cometidos en el sector taurino, SE HA
INICIADO UNA CAMPAÑA BRUTAL Y SIN PIEDAD DE ACOSO Y DERRIBO CONTRA ESTE
COLECTIVO, EN GENERAL, Y CONTRA SUS REPRESENTANTES, EN PARTICULAR.
Es
evidente que hay un movimiento de intereses con un objetivo concreto,
que es la desaparición de los agentes sociales para que nadie plantee la
más mínima oposición a sus intereses, conocedores de la debilidad que a
nivel individual puede condicionar a un picador o a un banderillero aún
más en esta situación de crisis económica brutal.
Para
ello, no dudan en emplear todos los medios y herramientas que tienen a
su disposición, entre las que se encuentran determinados medios de
comunicación que controlan, y cuyo discurso marcan desde la sombra.
Quinto.-
Que quede absolutamente claro que esta asociación quiere manifestar su
rechazo a cualquier tipo de violencia, y desde aquí se reitera en su
disposición y talante para la negociación y la consecución de acuerdos
en todos los temas que le incumben, pero resulta abrumador comprobar
cómo se ha pretendido aprovechar el altercado entre el Sr. Zabala de la
Serna y el Secretario General de la UNPBE, Fernando Galindo, para atacar
al colectivo, encabezando tal campaña, el propio Sr. Zabala.
Este
periodista no oculta cuanto le desagradan picadores y banderilleros.
Sin ir más lejos, el pasado día 4 de enero se refirió al Convenio
Colectivo en las páginas del periódico El Mundo “como esa cosa que para los banderilleros nunca para de subir mientras en el mundo del toro nada para de bajar”.
Cualquiera que conozca o se interese por el mundo taurino sabe que las
condiciones laborales de los banderilleros y picadores son generalmente
lamentables, sufriéndose la lacra del túnel como un virus imposible de
erradicar, además de ocultar interesadamente que los agentes sociales
ofrecieron y acordaron con la patronal la congelación salarial durante
las temporadas 2013 y 2014; es decir, los salarios llevan dos años sin
subir a pesar de lo que dice el Sr. Zabala.
Pero
de la misma manera, un profesional responsable e interesado en contar
la realidad jamás afirmaría, tal y como hizo este periodista en un
artículo periodístico que el abogado Iñigo Fraile es “el hombre fuerte de la UNPBE” (El Mundo,
23 de septiembre de 2013), cuando el mencionado letrado lo es de la
Unión de Toreros, y desde hace más de 20 años. En dicho artículo que
versaba sobre el mal llamado “veto”, no titubeaba en referirse al
letrado Fraile como “el vetador de plazas”.
Con ello, su propósito no es otro que propagar la insidia de que la
UNPBE “vetó” a 42 plazas, cuando lo cierto es que estas medidas se
adoptaron principalmente por la asociación de matadores, impulsadas por
los impagos a sus afiliados. Pero todo vale en esta campaña y en este
intento de desprestigiar al colectivo.
Sexto.- No
se puede ocultar que discursos e informaciones como los vertidos por el
Sr. Zabala y algunos otros medios interesados, y que responden a
intereses directos y particulares, están generando un clima hostil hacia
picadores y banderilleros, clima que varios medios de comunicación han
puesto al descubierto (www.altoromexico.com y www.glorietadigital.es) y
que han definido acertadamente como “demonización de las cuadrillas”.
Es
curioso, pero parece ser que somos los culpables de la crisis económica
general que sufre este país, de la crisis económica particular del
sector taurino, de que la gente no vaya a las plazas y también de que
los toros no embistan. Es evidente que se quiere culpabilizar de todo a
las cuadrillas porque son la parte más débil de la cadena, pero también
la más unida, la que se moviliza cuando es necesario, la que gestiona
como colectivo unos derechos de imagen que se cobran rigurosamente.
Séptimo.- Y
sucede que este clima de violencia verbal contra la UNPBE y sus
representantes se está haciendo cada vez más agresivo porque los
intereses de contrarios son muchos. Por ello, la Junta Directiva y sus
afiliados han decidido no doblar la espalda y seguir defendiendo lo que
se creen derechos legítimos de los profesionales taurino y de los
aficionados, porque todo el fraude que se comete en la organización de
un festejo, desde luego va en perjuicio de la calidad del espectáculo y
de lo que el aficionado presencia en la plaza, corriéndose el peligro de
que llegue a ofrecerse un espectáculo indigno y sin interés para el
público, si no mejoran las cosas en todos los sentidos.
Esa
defensa de la dignidad de los toreros y del toreo está teniendo como
consecuencia que las agresiones verbales deriven en agresiones físicas.
Se está pagando un precio muy alto pero que no va a conseguir que se
abandone la lucha por lo que se considera justo, y que obedece al
mandato de casi 800 afiliados, que representan aproximadamente el 95% de
los picadores y banderilleros que actúan en las plazas de toros
españolas.
Octavo.-
Como punto final, la UNPBE quiere recalcar que el Colectivo de
Picadores y Banderilleros es el que menos cuenta a la hora de organizar
de festejos taurinos:
A
nosotros no se nos consulta por las condiciones de los pliegos; tampoco
por las partidas millonarias que los empresarios aceptan abonar por el
piso de plaza (a modo de ejemplo, recientemente se ha informado de que
los toros proporcionan a la administración madrileña más de un millón de
euros al año cuando otros eventos culturales o deportivos están
subvencionados o se les ceden espacios y recintos de manera gratuita);
tampoco se consulta cuando un
ayuntamiento con una plaza de toros de aforo reducido decide organizar
dos corridas de toros en lugar de una novillada sin picadores; ni mucho
menos sobre qué festejos son televisados y cuáles no y por qué cadenas, y
cuánto pagan dichas cadenas a los empresarios.
A
pesar de eso, el Colectivo está concienciado en sumar su granito de
arena y realizar los ajustes económicos que sean viables siempre que se
ofrezcan, como en cualquier sector, garantías de cumplimiento de las
condiciones económicas que finalmente se pacten.
Sin
embargo, lo que picadores y banderilleros no van a consentir es que la
defensa de los derechos de sus afiliados, del cumplimiento de la
normativa taurina, de la calidad de los espectáculos taurinos tal y como
se ha entendido históricamente, se traduzca en más amenazas, más
agresiones y en la criminalización de un colectivo humilde que
únicamente pretende ejercer su profesión con dignidad. Para esclarecer
cualquier hecho, esta asociación confía en la labor de juzgados y
tribunales.
Es
por ello que se adoptarán todas las medidas que el ordenamiento
jurídico ofrece para la protección ante tales ataques y de la misma
manera se solicitará a las autoridades competentes el amparo necesario
para que se elimine el fraude en materia de inspección de trabajo,
Agencia Tributaria o Tesorería General de la Seguridad Social, en
defensa de los derechos de los toreros y de los aficionados que merecen
ver un espectáculo digno y dignificado, porque entendemos que el derecho
y la justicia asisten a picadores y banderilleros, que son toreros y se
juegan la vida delante del toro, y que se deber luchar por los derechos
que nos quieren quitar.
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