20.000 personas que han tenido que imprimir, firmar y enviar por correo postal o escanear y enviar por correo electrónico para demandar el fallo de la resolución del recurso. “Más de dos decenas de miles de personas que se han tenido que molestar para que la espera no supere estos 6 años”, afirma D. Carlos Núñez, Presidente de la FTL en el inicio de la rueda de prensa.
La Fundación del Toro de Lidia, en nombre de todos los profesionales y aficionados, lo que respetuosamente solicita al Tribunal Constitucional es seguridad jurídica.
Afirma José Miguel Soriano, abogado de la FTL y socio de Cremades & Calvo Sotelo que “la resolución del Tribunal Constitucional es de extraordinaria importancia para el sector, ya que, una estimación del recurso de inconstitucionalidad supondría un auténtico muro legal para todas aquellas administraciones públicas, incluidas Comunidades Autónomas, que se arrogan competencias que no tienen; no pueden prohibir algo sobre lo que no tienen competencia y además es legal. Supondría, en definitiva, la seguridad jurídica y protección que la Tauromaquia precisa frente a los ataques arbitrarios de ciertas administraciones, actuales y futuras más allá de la protección que ya ofrece la Ley 18/2013”.
Manuel Salmerón, vicepresidente de la Escuela de Tauromaquia de Nimes-Cataluña tras la prohibición de su ejercicio profesional en su Comunidad,
alerta sobre los kilómetros que tiene que hacer los alumnos para poder entrenar. Afirma, además, que “numerosos profesionales del sector taurino no pueden ejercer su profesión en una parte relevante del territorio nacional”, con el consiguiente impacto en sus derechos legítimos.
También ha intervenido en la rueda de prensa el periodista catalán Francisco March y presidente de la FETC, alarmando sobre la “negación de la libertad fundamental de libre elección, la imposibilidad de desarrollar una actividad profesional legal en el resto del país y eso sin contar con la pérdida de trabajos directos e indirectos durante estos seis años”.
March también se ha lamentado porque debido a esta prohibición, “se ha arrancado de cuajo lo que para miles de aficionados era una parte de su vida y su memoria”.
El Parlamento de Cataluña prohibió las corridas de toros y los espectáculos con toros que incluyan la muerte del animal mediante la Ley 28/2010 de 3 de agosto, al tiempo que excluía de esta prohibición los populares correbous. El Partido Popular, con el aval de medio centenar de senadores, interpuso un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley el 28 de octubre de 2010.
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